Presidenta de la República de Chile.
Presente.
Los abajo firmantes ex
presos políticos de Valparaíso y militantes de la resistencia popular contra la
dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país el 11 de septiembre de
1973, haciendo uso de nuestro legítimo derecho a expresar nuestras opiniones y
demandas, manifestamos a usted lo siguiente:
1.- Como es de público
conocimiento el día 2 de diciembre del presente año, un grupo de 10 ex presos
políticos de la ciudad de Rancagua de avanzada edad, muchos de ellos en delicado
estado de salud, inició una huelga de hambre en la sede del Gobierno provincial
de dicha ciudad. La manifestación tenía por objeto llamar la atención del
Gobierno que usted preside sobre la postergación en que se encuentran los ex
presos políticos víctimas del terrorismo de estado aplicado por la dictadura.
2.- Efectivamente, han pasado ya muchos años en los cuales el Estado chileno ha hecho oídos sordos a las cuestiones de fondo relacionadas con las reivindicaciones morales, sociales, políticas y materiales de quienes fuimos reprimidos por el aparato del estado del cual se apropió, ilegítimamente el 11 de Septiembre de 1973, un grupo de oficiales golpistas de las diferentes ramas de la Fuerzas Armadas bajo las órdenes del Departamento de Estado y la Marina Norteamericana, en defensa de los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y la burguesía nacional.
3.- todos estos años los sucesivos gobiernos posteriores a la dictadura solo han respondido parcialmente a nuestras demandas incumpliendo de ese modo el deber que les corresponde como herederos de un Estado y una Constitución Política fundada en una práctica de terrorismo de estado contra una buena parte de la ciudadanía e incumpliendo también hoy en día los tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país.
En nuestra condición señalada anteriormente y en nuestra actual condición de luchadores sociales por la democracia y los derechos humanos, demandamos de Ud. con el debido respeto a su investidura y persona, que, en su calidad de Jefa de Estado, administre sin dilación las medidas pertinentes que pongan fin a una situación en la cual el Estado de Chile no puede seguir evadiendo su responsabilidad y que en consecuencia dé curso a la tramitación con carácter de urgencia de una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del terrorismo de estado, conforme al Derecho Internacional, iniciativa la cual cuenta además con un Proyecto de Acuerdo en ambas Cámaras del Parlamento, faltando solo el envío de un Proyecto de Ley por parte del Ejecutivo.
Creemos que lo anterior es prioritario en un sentido mínimo de justicia y humanidad y no admite mayor demora, se cumpliría de ese modo con el objetivo de avanzar en la democratización de nuestra sociedad y la sana convivencia. Demandamos a su vez, Sra. Presidenta, la necesaria agilización y ampliación de los procesos judiciales que actualmente tramita el Poder Judicial en contra de los violadores de los derechos humanos, civiles y militares, y los cómplices e instigadores del terrorismo de estado e igualmente la total erradicación de doctrinas al interior de la Fuerzas Armadas y de Orden que no contemplen el pleno respeto a los derechos ciudadanos y que, en la futura Constitución Política prometida a la ciudadanía en su programa de gobierno, queden claramente establecidos los mecanismos que impidan que las nuevas generaciones, sin distinción de clase social, etnia o ideología, que se manifiesten por sus legítimos derechos, puedan ser también víctimas del terrorismo de estado y la represión por parte del aparato del Estado.
Quedamos atentos a su respuesta.
2.- Efectivamente, han pasado ya muchos años en los cuales el Estado chileno ha hecho oídos sordos a las cuestiones de fondo relacionadas con las reivindicaciones morales, sociales, políticas y materiales de quienes fuimos reprimidos por el aparato del estado del cual se apropió, ilegítimamente el 11 de Septiembre de 1973, un grupo de oficiales golpistas de las diferentes ramas de la Fuerzas Armadas bajo las órdenes del Departamento de Estado y la Marina Norteamericana, en defensa de los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y la burguesía nacional.
3.- todos estos años los sucesivos gobiernos posteriores a la dictadura solo han respondido parcialmente a nuestras demandas incumpliendo de ese modo el deber que les corresponde como herederos de un Estado y una Constitución Política fundada en una práctica de terrorismo de estado contra una buena parte de la ciudadanía e incumpliendo también hoy en día los tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país.
En nuestra condición señalada anteriormente y en nuestra actual condición de luchadores sociales por la democracia y los derechos humanos, demandamos de Ud. con el debido respeto a su investidura y persona, que, en su calidad de Jefa de Estado, administre sin dilación las medidas pertinentes que pongan fin a una situación en la cual el Estado de Chile no puede seguir evadiendo su responsabilidad y que en consecuencia dé curso a la tramitación con carácter de urgencia de una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del terrorismo de estado, conforme al Derecho Internacional, iniciativa la cual cuenta además con un Proyecto de Acuerdo en ambas Cámaras del Parlamento, faltando solo el envío de un Proyecto de Ley por parte del Ejecutivo.
Creemos que lo anterior es prioritario en un sentido mínimo de justicia y humanidad y no admite mayor demora, se cumpliría de ese modo con el objetivo de avanzar en la democratización de nuestra sociedad y la sana convivencia. Demandamos a su vez, Sra. Presidenta, la necesaria agilización y ampliación de los procesos judiciales que actualmente tramita el Poder Judicial en contra de los violadores de los derechos humanos, civiles y militares, y los cómplices e instigadores del terrorismo de estado e igualmente la total erradicación de doctrinas al interior de la Fuerzas Armadas y de Orden que no contemplen el pleno respeto a los derechos ciudadanos y que, en la futura Constitución Política prometida a la ciudadanía en su programa de gobierno, queden claramente establecidos los mecanismos que impidan que las nuevas generaciones, sin distinción de clase social, etnia o ideología, que se manifiesten por sus legítimos derechos, puedan ser también víctimas del terrorismo de estado y la represión por parte del aparato del Estado.
Quedamos atentos a su respuesta.
Firman:
1.- Silvana Ilufí Ampuero
2.- Boris Lagunas León
3.- Luis Aguirre Smith
4.- Ricardo Tobar Toledo
5.- Patricio de la Fuente Droguett
6.- Marcos Ilufí Ampuero
7.- Nelson Cabrera Vásquez
8.- Alfredo Saieg Lues
9.- Víctor Maluk Manzano
10.- Carlos Rivero Espínola
11.- Oscar Contreras Henry
2.- Boris Lagunas León
3.- Luis Aguirre Smith
4.- Ricardo Tobar Toledo
5.- Patricio de la Fuente Droguett
6.- Marcos Ilufí Ampuero
7.- Nelson Cabrera Vásquez
8.- Alfredo Saieg Lues
9.- Víctor Maluk Manzano
10.- Carlos Rivero Espínola
11.- Oscar Contreras Henry
12.- Alicia Olea Salinas
13.- Gustavo Adolfo
Fuentes R.
14.- José Carvajal Loyola
15.- Omar Rubio Orellana
16.- Guillermo Castillo Esquivel
Valparaíso, 10 de diciembre de 2014.
14.- José Carvajal Loyola
15.- Omar Rubio Orellana
16.- Guillermo Castillo Esquivel
Valparaíso, 10 de diciembre de 2014.
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